El tribunal alemán rechaza la acusación de rebelión contra Puigdemont


El Ministerio Público había solicitado encarcelar al expresidente por riesgo de fuga, pero el tribunal de Schleswig-Holstein ha decidido mantenerlo en libertad bajo fianza.


El tribunal Superior de Schleswig Holstein (norte de Alemania) se reafirma en su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. En una decisión provisional, a espera de un fallo definitivo, la Audiencia mantiene explícitamente su postura del 5 de abril en la que consideró "en principio inadmisible" una extradición de Puigdemont por rebelión, en respuesta a una petición de la fiscalía del pasado 9 de mayo para que así se considera. Consecuentemente, el tribunal rechaza la reactivación de la detención preventiva, como ha solicitado hoy la fiscalía.

Un escrito de la Fiscalía del Estado alemán de Schleswig Holstein que ha sido conocido este martes confirmaba poco su intención de pedir al tribunal Superior regional la entrega del expresidente por el delito de rebelión, tras la orden de detención europea cursada por España, donde el expresidente catalán se encuentra procesado por rebelión y malversación de fondos públicos. En un escrito, la Fiscalía pedía también que se reactive la orden de detención contra Puigdemont, después de estudiar la nueva documentación enviada por las autoridades españolas.

Ahora, el Tribunal Superior de Schleswig Holstein, que en su día ya contradijo el parecer de la Fiscalía, debe tomar la decisión final sobre la entrega de Puigdemont.

“Los disturbios alcanzaron tal dimensión que la Fiscalía general sume que debe procederse a la extradición también por rebelión. Según la ley alemana, no solo se le aplicaría el delito de alta traición [equivalente al de rebelión español], sino también en cualquier caso por el delito agravado de perturbación del orden público”, indica la Fiscalía en una nota. La perturbación del orden público, sería el equivalente al delito de sedición, una posibilidad que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha transmitido recientemente a la justicia alemana en un escrito.

“La información transmitida por las autoridades españolas y en particular el estudio de los vídeos proporcionados muestran que los disturbios en Cataluña alcanzaron una dimensión que podría haber forzado al gobierno español a claudicar a las demandas de los separatistas”, indica la resolución de 13 páginas publicada por la Fiscalía. “Que las autoridades españolas no acabaran claudicando no cambia la interpretación bajo la ley penal alemana”, añade en alusión a los elementos esgrimidos por el tribunal en su decisión preliminar para desestimar el delito de rebelión. El artículo 81 del código penal alemán, el que regula el delito de rebelión no requiere que la acción resulte exitosa sino que simplemente sea castigable, interpreta la Fiscalía regional.

En el contexto del delito de malversación, la Fiscalía recuerda además al tribunal que “solo son decisivos” los argumentos de las autoridades españolas”, en alusión a las dudas que suscitó el tribunal superior respecto al uso de fondos públicos para financiar la consulta independentista. “Esto no se pone en cuestión por el hecho de que el Gobierno regional obviamente no pagara algunos de los compromisos adquiridos”, sostiene la fiscalía en el documento.

Poco después de hacerse público ese documento, el tribunal de Schleswig-Holstein publicaba su respuesta en la que sostiene que no considera “que se haya incrementado el riesgo de fuga de Carles Puigdemont y por lo tanto permanecerá en libertad”. Indica también que esperan aún la solicitud formal de extradición de la Fiscalía antes de tomar una decisión final.

El 25 de marzo, Carles Puigdemont fue detenido al norte de Alemania, en el Estado federado de Schleswig Holstein. Allí, ingresó en la prisión de Neumünster donde pasó encerrado doce días antes de quedar en libertad previo pago de una fianza de 75.000 euros. La ley alemana establece un plazo de 60 días para que los tribunales regionales competentes decidan sobre la entrega o no solicitada por otro Estado miembro —artículo 83 c de la ley de extradición—. Ese plazo puede alargarse en el caso de que concurran circunstancias excepcionales.

La Fiscalía pidió en un primer momento la extradición tanto por malversación como por rebelión. El tribunal superior de Schleswig Holstein, el competente para decidir consideró después “inadmisible” el delito de rebelión y optó por la libertad bajo fianza al considerar que no había riesgo de fuga. Desde entonces, Puigdemont vive en Berlín, donde debe presentarse cada semana en la comisaría.

En esa resolución preliminar, el tribunal superior de Schleswig Holstein pidió aclaraciones para el supuesto de malversación por considerar que no quedaba probado que el dinero gastado en la consulta procediera de fondos públicos. Las autoridades españolas han aportado abundante información adicional a raíz de aquella petición, también relativa a un posible delito de rebelión.

En el último escrito remitido por el juez Llarena a Alemania, el magistrado abre además la puerta a que la entrega se produzca por un delito de sedición. En cualquier caso, argumenta Llarena, los jueces alemanes deben decidir a qué calificación jurídica corresponden los hechos descritos.


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Fuente: El País
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