Presos indígenas de Chiapas siguen en huelga pese a su salud deteriorada

Aunque ha habido mesas de diálogo con las autoridades del estado, los familiares acusan que solo los han hecho dar vueltas, sin que exista un compromiso de atender las demandas de revisión de expedientes y libertad; la salud de los presos se está deteriorando.

CHIAPAS

El 16 de mayo, la voz de Juan de la Cruz sonaba animada, vigorosa. Fluido y fuerte explicaba que el director del penal no dejó pasar varias cosas, como lonas y una extensión para conectar una parrilla que sus familiares habían llevado a los cuatro presos que están en huelga de hambre en el Centro de Readaptación Social Para Sentenciados del Estado de Chiapas (CERSS) número 5 de San Cristóbal de las Casas.

25 días después, su voz suena apagada. Juan ya no se escucha animado. Arrastra las palabras y tarda en terminar las frases. “Estamos muy cansados, con mucho sueño. Cuando me levanto, siento como mi corazón empieza a latir rápido. Solo de ponerme de pie ya me estoy agitando, me canso; por eso tratamos de estar acostados”, explica en entrevista telefónica desde el penal.

Juan reanudó el 13 de mayo, junto con cinco compañeros, una huelga de hambre que iniciaron el 15 de marzo y que trasformaron solo en ayuno el 15 de abril, ante la promesa del gobierno del estado de revisar sus expedientes jurídicos y darles una respuesta clara a su exigencia de libertad.

Los presos indígenas –Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Adrián Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz, quienes se encuentran en el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, y Marcelino Ruiz Gómez, en el penal numero 10 de Comitán– iniciaron las protestas el 15 de marzo, apoyados por varios colectivos.

Todos denuncian que los detuvieron sin una orden de aprensión y que los hicieron confesar bajo tortura delitos que no cometieron, en una práctica que se conoce como fabricación de culpables y que varios activistas y colectivos han dicho que se hace para llegar a la cuota de detenidos o encubrir a los verdaderos culpables.

El Grupo de Trabajo No Estamos Todos, organización que acompaña a los presos y sus familias, afirma que los casos de estos reclusos en huelga de hambre son un ejemplo de cómo se incrimina y se castiga a indígenas para simular que se hace justicia.

“En todos los casos de ellos, explican, la única prueba que presentaron las autoridades fue la confesión autoincriminatoria de los acusados, no hubo ninguna investigación. A pesar de eso los declararon culpables y han pasado hasta 15 años en la cárcel".

Como el gobierno del estado de Chiapas les prometió revisar sus casos, los presos levantaron la primera huelga, en la que duraron 31 días. “Mientras esperábamos que nos cumplieran, estuvimos 20 días en ayuno, comiendo solo unos días y a agua y miel otros, pero el 13 de mayo terminó el plazo acordado para la revisión de los expedientes y no vimos resultados”, dice Juan de la Cruz.

Su hermana Susana cuenta que tuvieron varias mesas de reunión con las autoridades. En la primera estuvo el secretario de Gobierno, Ismael Brito. “Nos prometió que se revisarían los casos a profundidad, con un sentido humano. Pidió que los muchachos levantaran la huelga de hambre. Ellos lo hicieron. Pero el gobierno solo nos trajo vuelta y vuelta en reuniones, a las que Brito ya no se presentó, por eso los presos decidieron, después de 20 días de ayuno, volver a la huelga”.

Además del agotamiento, los cinco presos tienen dolores constantes en el estómago, sobre todo en las mañanas. “Cuando tomamos las primeras cucharadas de miel, que es lo único que consumimos, ya nos duele mucho, es como si nuestro estómago empezara a rechazarla”, cuenta Juan.

Otros dos de sus compañeros han parado en el hospital. El 23 de mayo, alrededor de las 2 de la tarde, Adrián Gómez ingresó al Hospital de Las Culturas, por una infección severa en las vías urinarias. Llevaba desde las 3 de la mañana con un dolor agudo, por la mañana orinó sangre, pero fue hasta la tarde cuando lo llevaron al centro hospitalario.

“Me tuvieron ahí solo como dos horas. Me dijeron que como yo estaba preso no me podía quedar, y me mandaron de regreso al penal, con los custodios que me acompañaron y una receta de antibiótico inyectable”.

A Marcelino Ruiz le pasó algo similar. El 29 de mayo le vino un dolor fuerte en el abdomen, en la parte derecha, por la zona de la costilla. “Lo llevaron a un hospital en Comitán, pero lo tuvieron ahí solo un rato, le hicieron un ultrasonido de estómago nada más y lo regresaron al penal. Le dijeron que no tiene nada. Pero no le han querido mostrar los resultados del estudio y él sigue con el dolor. Solo le están dando Naproxeno para que se le calme”, denuncia su hermano Facundo Ruiz, en entrevista con Animal Político.

Dice que la familia está preocupada por la salud de Marcelino. “Afirman que él y los otros no tienen nada, pero lo hacen para no evidenciar que la salud de los compañeros ya se está deteriorando. Tenemos miedo de que actúen hasta que uno de ellos fallezca o ni así. Los familiares estamos muy preocupados por la salud de los presos y la indiferencia de las autoridades”.

El Grupo de Trabajo No Estamos Todos asegura que no ha habido una respuesta clara de las autoridades desde que se reanudó la huelga de hambre. “Fernando Pérez Robles, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, prometió que tendríamos una reunión. Nos dijo que nos avisaría cuándo y ya no supimos más”, aseguran los activistas.

Lo que ha habido como respuesta de las autoridades hacia a esta segunda fase de lucha de los presos, agrega el grupo, es el silencio. “Nos preocupa porque la salud de los compañeros se está deteriorando y la atención médica que les dan no es la adecuada. En el CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas no hay médico en las noches. Donde está Marcelino, el médico lo ha amenazado, lo intentó desnudar para hacerle un chequeo, y lo ha sometido a otros tratos denigrantes”.

Los activistas cuentan que integrantes de Médicos del Mundo han visitado a los presos y han corroborado la mala atención médica que se les da. “Nos dicen que la báscula donde los pesan está mal calibrada. Ellos están perdiendo peso, pero no podemos ya saber ni cuánto. Lo único que les checan diario es la presión, cuando es necesario hacerles análisis de sangre y de orina para conocer su estado general de salud”.

El miércoles 6 de junio, las familias de los presos hicieron un ayuno de 12 horas y un plantón afuera del CERSS en apoyo a la huelga de hambre de sus familiares.

“Responsabilizamos al gobierno de lo que pueda pasarles –señala Susana, la hermana de Juan–, los vemos agotados, con su salud deteriorada, pero dispuestos a seguir su lucha hasta el final, porque ellos saben que son inocentes. Han denunciado múltiples veces que los torturaron, que los incriminaron por ser indígenas y pobres, y están dispuestos a luchar por su libertad hasta donde tope”.

Sobre los señalamientos de la inacción de la administración estatal, Julio César Rincón, vocero del gobierno de Chiapas, asegura que es el Poder Judicial del estado quien debe atender las demandas de los presos, en cuanto a la revisión de sus expedientes y su exigencia de libertad.

“El gobierno estatal ha participado en las mesas de diálogo con los familiares pero sólo como un actor vinculante con el Poder Judicial. Nosotros no podemos ordenarle a un poder autónomo que libere a los presos”.

La secretaria de Gobierno se comprometió, agrega, “solo a ser parte conciliadora y coadyuvante, y la mesa de diálogo no la hemos levantado. La puerta de este lado está abierta para seguirlos escuchando. Pero Pérez Robles está esperando un avance más concreto en el análisis de cada carpeta de investigación por parte del poder judicial, y él solo les dirá (a los familiares de los presos), el Poder Judicial analizó el caso y dijo lo siguiente”.

Respecto a los señalamientos de que los reclusos están enfermos y no se les está dando la atención adecuada, el vocero aseguró que están en su derecho de interponer una denuncia ante la autoridad competente, en este caso ante la Secretaría de Salud.




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